Derechos de personas con Orientaciones sexuales e Identidades de Género no Hegemónicas

Los sectores sociales LGBTI se enfrentan a múltiples formas de discriminación, exclusión social y diferentes formas de violencias que hacen necesario la adopción de medidas encaminadas a la protección y garantía de sus derechos. Así, la Política Pública Nacional LGBTI se centra en tres objetivos:

• Promover y garantizar el ejercicio de derechos civiles y políticos, en particular los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y a una tutela judicial efectiva.
• Garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación de los sectores sociales LGBTI.
• Promover y garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura.

Reconoce como familia a las parejas del mismo sexo, partiendo de la siguiente argumentación: “(…) no existen razones jurídicamente atendibles que permitan sostener que entre los miembros de la pareja del mismo sexo no cabe predicar el afecto, el respeto y la solidaridad que inspiran su proyecto de vida en común, con vocación de permanencia, o que esas condiciones personales solo merecen protección cuando se profesan entre personas heterosexuales, mas no cuando se trata de parejas del mismo sexo. A su juicio, la protección a las parejas homosexuales no puede quedar limitada a los aspectos patrimoniales de su unión permanente, pues hay un componente afectivo y emocional que alienta su convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que se encuentra en las uniones heterosexuales o en cualquier otra unión que, pese a no estar caracterizada por la heterosexualidad de quienes la conforman, constituye familia”

La Corte Constitucional advirtió que las instituciones educativas vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad de sus estudiantes cuando restringen las manifestaciones relacionadas con su identidad de género; atentando contra la autonomía de cada individuo para diseñar su propio plan de vida y determinar todos los aspectos relacionados con su identidad.

Esta sentencia se da a partir del caso de un estudiante hombre transgénero, quien había solicitado al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), portar el uniforme de los hombres, aunque estaba inscrito como mujer; no obstante, el centro educativo le negó dicha petición y le exigió modificar su nombre en los documentos de identificación.

A partir de este caso, la Corte obligó a la institución educativa el diseño de un plan que promueva y garantice el respeto a las manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad, particularmente las expresiones de la identidad de género y la orientación sexual.También ordenó al Ministerio de Educación que difunda esta sentencia en todas las universidades, instituciones y establecimientos educativos del país.

Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.

Esta ley convirtió en delitos los actos de racismo, discriminación u hostigamientos que sean ejercidos de forma deliberada y arbitraria en contra de otras personas por su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual.

Primera declaración sobre orientación sexual e identidad de género en una Asamblea de las Naciones Unidas. Señala la igualdad en derechos y libertades para todas las personas y reconoce las complejas situaciones de violencia y vulneración de Derechos Humanos, en razón de la orientación sexual y la identidad de género de las personas.

Prevalecerá la autonomía del menor intersexual para disponer de su propio cuerpo, cuando las condiciones clínicas y el nivel de raciocinio le permiten decidir por sí mismo sobre su sexo, con el propósito de proteger el ejercicio de las condiciones vitales que le permiten a cada 'ser' la construcción constante y permanente de su personalidad.

La ampliación del cubrimiento y definición de la unión marital de hecho realizada en la ley 979 implica que la cobertura debe ampliarse para parejas del mismo sexo, por lo que la EPS debe afiliar al compañero(a) permanente. Derecho a la seguridad social.

La Corte Constitucional ordenó a una institución universitaria a no interferir con el desarrollo y expresión de género de sus estudiantes. De la misma manera, a diseñar un plan para adaptar el servicio de educación que provee a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos y minorías sexuales.

Así mismo, instó al Ministerio de Educación al diseño de un “Lineamiento de Política de Educación Superior Inclusiva”, en donde incluyeran casos de atención a personas que sufrieran discriminación basada en la raza, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género.

Esta sentencia surge a partir de un caso, donde una Corporación Universitaria niega el reintegro de un estudiante afrodescendiente, con orientación sexual y expresión de género diversa, al programa de medicina; hostigándola con los siguientes comportamientos:

• Comentarios ofensivos sobre la manera en que exterioriza su identidad sexual y de género.
• Las directivas y docentes censuraban su indumentaria e imponían patrones de vestuario y comportamiento masculinos.
• Se iniciaron tres procesos disciplinarios en los que se evidencia persecución y falta de debidas garantías.
• Cambios en las notas de varias materias y negligencia en la definición de su situación académica.
• Violación de sus comunicaciones privadas.

Reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la identidad sexual y la igualdad de los niños y niñas intersex, en este sentido se prohíbe a padres, madres y médicos realizar procedimientos quirúrgicos genitales sin el consentimiento y decisión del niño o niña, atendiendo al principio de autonomía, "la primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo".

Reconoce la unión marital de hecho para parejas del mismo sexo.

La ley 54 de 1990 reglamenta la figura de unión marital de hecho de aplicación para parejas heterosexuales, no así, para las parejas del mismo sexo, lo que fue considerado por la Corte Constitucional como discriminatorio.

En este sentido, se decide que el régimen establecido en la Ley 54 de 1990 también aplica para parejas del mismo sexo en la medida en que cumplan con los requisitos de la unión marital de hecho. Esto es, convivencia permanente por un periodo de dos años, estableciéndose así la sociedad patrimonial.

Cada uno de los principios establecen unas recomendaciones a los Estados para que tengan en cuenta la situación específica de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, reconociendo agravamientos por discriminación de género, edad, etnia, discapacidad, situación de salud y clase social.

La Corte Constitucional ordena a la Registraduría Nacional que inscriba al menor intersex sin determinar su sexo hasta que éste sea elegido por la persona, sin la intervención de sus padres y el equipo médico interdisciplinario que lo acompañará en este proceso, resguardado por el derecho a la identidad del menor y sus padres.

Acción de tutela contra particulares que organizan eventos, ante la negativa de ingreso a un establecimiento o evento abierto, como acción discriminatoria a personas trans por causa de la identidad de género.

Se reconoce que se carece de una política integral de concientización o sensibilización, que divulgue el estado en el que se encuentra este colectivo.

De esta manera se advierte la necesidad de articular una política integral pública nacional LGBTI, concebida desde la construcción participativa, con metodologías, tiempos, recursos técnicos y financieros claros y adecuados.

Reconoce que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas han debido desarrollar largas y arduas luchas por cada uno de los derechos que les han sido reconocidos.

En Colombia, a partir de febrero de 2007, una serie de sentencias de la Corte Constitucional han equiparado el acceso a los derechos de las parejas del mismo sexo con la mayoría de los que gozan las parejas heterosexuales.

Sin embargo, y a pesar de estos reconocimientos formales, en la práctica se sigue advirtiendo que una cultura de discriminación y de rechazo a la diversidad sexual, impide que los derechos admitidos sean una realidad en la vida de las personas LGBTI.

Se le solicita que la Corte aclare que a las mujeres transexuales no se les puede exigir la libreta militar, pues esto equivale a discriminarlas en razón de su identidad de género y es una actitud que desconoce “los diversos tránsitos femeninos que emprenden personas que han nacido con genitalidad masculina”.

Además, esa exigencia administrativa es una barrera para que las mujeres transexuales puedan mejorar su calidad de vida, ya que no logran conseguir un trabajo que les permita sostenerse sin acudir a prácticas como la prostitución.

También se expone que el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad no es – en las condiciones actuales - una carga exigible para una mujer transexual.

Declaración de Derechos Humanos en donde se establecen recomendaciones a los Estados para la protección de los derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.

Primero: la investigación de hechos y situaciones de violación a los de Derechos Humanos ocurridas en razón de la orientación sexual y la identidad de género.

Segundo: la protección y garantías de participación a las personas que realizan actividades en defensa de Derechos Humanos en torno a la exigibilidad de los derechos de personas de los sectores sociales LGBTI.

El código penal colombiano de 1936 establecía sanciones a aquellas personas que realizarán actos sexuales homosexuales, incluidos en el capítulo cuarto, título XII bajo el nombre de los abusos deshonestos. Con la entrada en vigencia del código penal de 1980 de despenaliza la homosexualidad.

Establece la opción a las personas trans de cambiar oficialmente su sexo en el Registro Civil, frente a una Notaría, de una manera ágil y efectiva, con el fin de garantizar que su identidad sexual esté acorde con su identidad jurídica, sin tener como requisito pruebas médicas o científicas.

Este procedimiento se realizaba vía proceso judicial y para ello se requería la sentencia de juez o jueza. Este procedimiento se encontraba lesivo de los derechos de las personas trans, en tanto que uno de los requisitos era presentar un certificado de disforia de género emitido por un médico, lo que implicaba una patologización de la construcción identitaria de las personas transgénero.

La Corte Constitucional protege los derechos fundamentales a la intimidad y al buen nombre, a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y al debido proceso.

Así mismo, ordena al Ministerio de Educación a:

• Conformar un Comité Nacional de Convivencia Escolar.
• Crear un Sistema de Información unificado de Convivencia Escolar.
• Establecer Ruta y Protocolos de Atención Integral de casos de Acoso Escolar.
• Implementar programas para el desarrollo de Competencias Ciudadanas.
• Revisar todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que respeten la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes.

La Corte decidió que los principios de la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad implican que todo ser humano pueda contraer matrimonio civil, acorde con su orientación sexual (método de interpretación sistemático).

Consideró que celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo es una manera legítima y válida de materializar los principios y valores constitucionales y una forma de asegurar el goce efectivo del derecho a la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad, sin importar cuál sea su orientación sexual o identidad de género.

La Corte Constitucional ordenó a la EPS, realizar la cirugía de reasignación sexual a un hombre transexual. La sentencia no sólo obliga a la EPS a realizar la cirugía y atender integralmente al paciente, sino también dejó un precedente, pues este tipo de intervenciones eran consideradas estéticas.

“La afectación de la salud del joven guarda una especial relación con el derecho a la vida en condiciones dignas, pues la cirugía de cambio de sexo, indiscutiblemente le permite llevar su vida en condiciones esperadas de normalidad”