En el año 2004, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-025 declara un estado de cosas inconstitucionales, es decir la existencia de un conjunto de vulneraciones a los derechos de la población desplazada, debido a la ausencia de políticas públicas adecuadas y eficaces en lo presupuesta! y en lo administrativo. La Corte y las organizaciones sociales año tras año han realizado un proceso de seguimiento a la implementación de las órdenes de la Sentencia T- 025, sin embargo al identificar el incumplimiento por parte de las entidades estatales, la Corte ha proferido "Autos de Seguimiento" es decir órdenes que permitan la efectividad y eficacia del Estado en la ejecución de políticas públicas diferenciales.