
Garantizan la participación oportuna y efectiva de las organizaciones y comunidades étnicas en los Comités Territoriales de Justicia Transicional y Mesa de víctimas, como espacios de diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública de víctimas; promoviendo la armonización de la gestión institucional y el desarrollo de un enfoque diferencial desde las particularidades, necesidades, vulnerabilidades e impactos diferenciados y desproporcionados del conflicto armado sobre poblaciones étnicas.