En el año 2004, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-025 declara la existencia de un conjunto de vulneraciones a los derechos de la población desplazada, debido a la ausencia de políticas públicas adecuadas y eficaces. La Corte y las organizaciones sociales año tras año han realizado un proceso de seguimiento a la implementación de las órdenes de la Sentencia T- 025, sin embargo al identificar el incumplimiento por parte de las entidades estatales, la Corte ha proferido "Autos de Seguimiento" es decir órdenes que permitan la efectividad y eficacia del Estado en la ejecución de políticas públicas diferenciales.

Uno de estos Autos de seguimiento, es el Auto 005 de 2009, el cual se enfocó en visibilizar los impactos agravados del conflicto armado sobre las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y la deficiente atención y respuesta diferencial por parte del Estado.